 El Zaragoza tendrá un pasivo de 92.559.438 euros cuando finalice el proceso de Propuesta Anticipada del Convenio Concursal con los acreedores, que debe ser aprobado por la jueza.
El Zaragoza tendrá un pasivo de 92.559.438 euros cuando finalice el proceso de Propuesta Anticipada del Convenio Concursal con los acreedores, que debe ser aprobado por la jueza que lleva este asunto, informaron hoy los administradores concursales, Jorge Aso, Andrés Jiménez y Carlos Terreu. El club aragonés presentó ayer ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Zaragoza, que es el que lleva su caso, las adhesiones suficientes para la posterior aprobación de la Propuesta Anticipada de Convenio, habiendo logrado el respaldo de más del 50% de la deuda ordinaria.
En total, y así lo han explicado los administradores concursales, la deuda es de 145 millones de euros, sobre los que hay una quita del 50% de las deudas ordinarias y subordinadas y hay cinco millones que conforme se cobren se pagarán, porque están garantizados por derechos de cobro de la televisión autonómica, lo que hace que realmente el pasivo vaya a ser de algo más de 92 millones de euros. Esto supone, según los administradores concursales, que en los próximos nueve años el club debería pagar a un ritmo de 9,5 millones de euros por temporada para acabar con las deudas.
Los administradores han indicado también que en dicho concurso la lista de acreedores asciende a 375, que suponen 145 millones de euros de pasivo, de los cuales aproximadamente 50 tienen privilegios especiales (no van a quita y con ellos el Zaragoza deberá renegociar el aplazamiento). De esos cincuenta unos ocho son con entidades financieras y el resto con la Agencia Tributaria, con la que hay un convenio a ocho años.
Los 68 millones restantes son créditos ordinarios a los que sí que se aplica la quita del 50% y que quedarán en 34, siendo la propuesta de pago a ocho años. Los administradores concursales ha señalado que existen también los créditos subordinados (de personas vinculadas o relacionadas con el accionista mayoritario o con el órgano de administración) que ascienden a 27 millones de euros a los que también se aplica la quita del 50%, pero esos ocho años empiezan a contar cuando finalizan los primeros. "Lo que se ha conseguido con la propuesta es reestructurar la deuda y que los créditos ordinarios no devenguen intereses", ha explicado Carlos Terreu.
Igualmente ha advertido de que, ante la incertidumbre de un posible descenso de categoría deportivo, la propuesta de convenio prevé que se suspenda el mismo y se aplace al año siguiente ese pago. "Prevé la posibilidad de que o bien sea un máximo de tres años consecutivos o cinco alternos, de forma que si se produjera, ese plazo de espera se alargaría por encima de los ocho años, porque esos años no se pagaría y se trasladarían al siguiente", ha apuntado.
De igual forma ha resaltado que una vez que los administradores concursales salgan del proceso y el club recupere sus funciones económicas, si se produce un incumplimiento del convenio instado por cualquier acreedor llevará directamente a la liquidación de la sociedad. A pesar de la salida de los administradores concursales del club, el Real Zaragoza tendrá la obligación, cada seis meses, de dar cuenta del grado de cumplimiento a los mismos. Terreu ha explicado que la operación de Roberto, pagado con un fondo de inversión del presidente del club, es legal en España.
Con respecto a la deuda con el club ucraniano del Shakhtar Donetsk, en el caso del brasileño Francelino Matuzalem, se ha argumentado que es una deuda de las consideradas ordinarias, por lo que se somete al convenio y que, una vez que se apruebe, el equipo ucraniano no puede exigir un euro hasta que llegue el vencimiento, y que se somete a la quita y a la espera. "Es un acreedor más. Es una decisión judicial que está por encima de las resoluciones deportivas", ha indicado Andrés Jiménez.
Con respecto a la posibilidad de que el club realice fichajes en el mercado invernal, se ha explicado que si estos se producen antes de la salida de los administradores serán ellos los que los deban aprobar y que si es posterior a dicha marcha ya no será necesario su beneplácito. A este respecto han indicado que será posible realizarlos por el "colchón" que supone la rescisión del contrato de "Braulio" Nóbrega.
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